En la anotación anterior constatamos que a finales de marzo de 1936 se practicó un registro en la casa rectoral de Santiago de Sigrás (Cambre). Sabemos también que a principios de junio y por orden del gobernador civil --fusilado al comenzar el Alzamiento-- se practicaron registros en otras casas de religiosos, aunque según él, sólo fueron dos. No sé que hubiesen registrado locales empleados por masones, sedes de partidos políticos de izquierda o viviendas particulares de sus integrantes. Lo que si conozco es el registro realizado el 30 de abril de 1936 por orden del gobernador civil en el domicilio de un pobre trabajador que era considerado un esquirol, como tal con la llegada al gobierno del Frente Popular había perdido su empleo, y por si no fuese suficientemente desdichado, en el registro le encuentran un arma que tenía para proteger su vivienda de las amenazas de muerte y de asalto a la misma que había recibido. Como esta arma se encontraba en buenas condiciones de uso, ingresa en prisión.
Digo y repito que falangistas y esquiroles constituían minorías perseguidas y maltratadas antes del 18 de julio y de ello existen múltiples ejemplos. Ya vimos que en el caso del homicidio de Luis Amboage, uno de los trabajadores a los que este disparó era Humberto Anido, que había trabajado como sustituto de huelguistas en las obras de los fuertes militares de Punta Herminia. Recordaréis que tras la llegada del Frente Popular al poder se despide a los obreros que habían trabajado como sustitutos en momentos de huelga, y así un inspector de Policía designado por el gobernador civil intervenía las labores de contratación que la Patronal realizaba en el muelle, excluyendo de forma sistemática a todos aquellos que no estaban afiliados a la UGT o a sindicatos tributarios de la CNT. Con lo cual la Patronal daba un subsidio de 25 pts. semanales a los obreros que habían perdido su trabajo por disposición de la primera autoridad de la provincia.
Algo similar ocurrió con aquellos obreros que también perdieron su empleo en las obras de los fuertes militares según relata el P. Silva Ferreiro y podemos confirmar con otras fuentes. En este caso se atiende a la subsistencia de los despedidos mediante una suscripción pública patrocinada por El Ideal Gallego que comienza el 15 de abril. Esta suscripción se recibía en el Banco Pastor, pero sea por presiones del gobernador, de la UGT que tenía presencia en este banco o por otros motivos, la entidad bancaria hace saber que allí no podía recibirse así que se designó la casa de uno de los obreros como lugar en donde entregar los donativos. Era la vivienda de Avelino Blanco Hermida, en ese primer piso que veis hoy arruinado del nº 16 de la calle Panaderas. Este obrero había trabajado en las obras militares de Punta Herminia. El 30 de abril de 1936 la Policía le practicó un registro en su domicilio por orden del gobernador, encontrándole una pistola, lo que se traduce en su detención y procesamiento por tenencia ilícita de armas. En el juicio y sentencia posterior se declara como hecho probado que el obrero era de buena conducta, no se embriagaba, no era pendenciero ni suponía un peligro social. Del mismo modo se prueba que a raíz de designarse su domicilio como lugar en el que recibir la suscripción, también recibió amenazas de muerte así como que su vivienda sería asaltada. Estas amenazas suponen un atenuante y hacen que el fiscal rebaje la petición inicial de un año, ocho meses y veintiún días de prisión menor, y se conforme con la imposición de 250 pts. de multa, que es a lo que se le condena en último término. Como 250 pts. de multa en 1936 era una cantidad considerable para un obrero y más si estaba parado, no puede hacer frente a esta multa que se le sustituye por un mes de arresto en la cárcel, de la que sale el 29 de mayo de 1936. Os dejo mis notas.
De la persecución a que eran sometidos los trabajadores no afiliados a sindicatos tributarios de la CNT o a la UGT, puede dar idea el caso de Alcacio Rodríguez, obrero portugués que también había trabajado en los fuertes militares de Punta Herminia como sustituto de los huelguistas. En la noche del 6 de marzo de 1936 fue acometido por siete individuos que le propinaron una paliza de la que salió con lesiones que se calificaron en la casa de socorro como leves. Esto es compatible con moratores, magulladuras o erosiones. El terror sindical dio por resultado que el obrero abandonase la ciudad. Más notas.
Leía hace poco que la propaganda izquierdista suele vender el Alzamiento como un intento de los poderosos y terratenientes para conservar sus privilegios. Es pura propaganda porque los privilegiados, terratenientes y multimillonarios serían muy pocos. El desquiciamiento de la izquierda y del sindicalismo dejó muchos cadáveres --no sólo físicos-- y generó una buena cantidad de odios, rencores y animosidades en su camino: obreros que habían perdido su empleo; ciudadanos que veían violentado su derecho a profesar una ideología o unas creencias religiosas; pequeños propietarios de inmuebles o de tiendas que eran vistos con mal gesto y se sentían amenazados, que se sentían inseguros si es que no eran directamente agredidos, etc. Y como media España no se resignó a morir o a ser asesinada, se inició un alzamiento nacional, en principio de los militares, pero que era pedido como un clamor por parte de esa media España y contó con su apoyo entusiasta. Veían en el Movimiento un modo de librarse de los efectos que conllevaba la descomposición y podredumbre en que se había sumido el régimen, una forma de zafarse de la persecución y maltrato de que eran objeto tanto por la izquierda y el sindicalismo, como por la inactividad o hasta el estímulo del Gobierno.
Digo y repito que falangistas y esquiroles constituían minorías perseguidas y maltratadas antes del 18 de julio y de ello existen múltiples ejemplos. Ya vimos que en el caso del homicidio de Luis Amboage, uno de los trabajadores a los que este disparó era Humberto Anido, que había trabajado como sustituto de huelguistas en las obras de los fuertes militares de Punta Herminia. Recordaréis que tras la llegada del Frente Popular al poder se despide a los obreros que habían trabajado como sustitutos en momentos de huelga, y así un inspector de Policía designado por el gobernador civil intervenía las labores de contratación que la Patronal realizaba en el muelle, excluyendo de forma sistemática a todos aquellos que no estaban afiliados a la UGT o a sindicatos tributarios de la CNT. Con lo cual la Patronal daba un subsidio de 25 pts. semanales a los obreros que habían perdido su trabajo por disposición de la primera autoridad de la provincia.
Algo similar ocurrió con aquellos obreros que también perdieron su empleo en las obras de los fuertes militares según relata el P. Silva Ferreiro y podemos confirmar con otras fuentes. En este caso se atiende a la subsistencia de los despedidos mediante una suscripción pública patrocinada por El Ideal Gallego que comienza el 15 de abril. Esta suscripción se recibía en el Banco Pastor, pero sea por presiones del gobernador, de la UGT que tenía presencia en este banco o por otros motivos, la entidad bancaria hace saber que allí no podía recibirse así que se designó la casa de uno de los obreros como lugar en donde entregar los donativos. Era la vivienda de Avelino Blanco Hermida, en ese primer piso que veis hoy arruinado del nº 16 de la calle Panaderas. Este obrero había trabajado en las obras militares de Punta Herminia. El 30 de abril de 1936 la Policía le practicó un registro en su domicilio por orden del gobernador, encontrándole una pistola, lo que se traduce en su detención y procesamiento por tenencia ilícita de armas. En el juicio y sentencia posterior se declara como hecho probado que el obrero era de buena conducta, no se embriagaba, no era pendenciero ni suponía un peligro social. Del mismo modo se prueba que a raíz de designarse su domicilio como lugar en el que recibir la suscripción, también recibió amenazas de muerte así como que su vivienda sería asaltada. Estas amenazas suponen un atenuante y hacen que el fiscal rebaje la petición inicial de un año, ocho meses y veintiún días de prisión menor, y se conforme con la imposición de 250 pts. de multa, que es a lo que se le condena en último término. Como 250 pts. de multa en 1936 era una cantidad considerable para un obrero y más si estaba parado, no puede hacer frente a esta multa que se le sustituye por un mes de arresto en la cárcel, de la que sale el 29 de mayo de 1936. Os dejo mis notas.
De la persecución a que eran sometidos los trabajadores no afiliados a sindicatos tributarios de la CNT o a la UGT, puede dar idea el caso de Alcacio Rodríguez, obrero portugués que también había trabajado en los fuertes militares de Punta Herminia como sustituto de los huelguistas. En la noche del 6 de marzo de 1936 fue acometido por siete individuos que le propinaron una paliza de la que salió con lesiones que se calificaron en la casa de socorro como leves. Esto es compatible con moratores, magulladuras o erosiones. El terror sindical dio por resultado que el obrero abandonase la ciudad. Más notas.
Leía hace poco que la propaganda izquierdista suele vender el Alzamiento como un intento de los poderosos y terratenientes para conservar sus privilegios. Es pura propaganda porque los privilegiados, terratenientes y multimillonarios serían muy pocos. El desquiciamiento de la izquierda y del sindicalismo dejó muchos cadáveres --no sólo físicos-- y generó una buena cantidad de odios, rencores y animosidades en su camino: obreros que habían perdido su empleo; ciudadanos que veían violentado su derecho a profesar una ideología o unas creencias religiosas; pequeños propietarios de inmuebles o de tiendas que eran vistos con mal gesto y se sentían amenazados, que se sentían inseguros si es que no eran directamente agredidos, etc. Y como media España no se resignó a morir o a ser asesinada, se inició un alzamiento nacional, en principio de los militares, pero que era pedido como un clamor por parte de esa media España y contó con su apoyo entusiasta. Veían en el Movimiento un modo de librarse de los efectos que conllevaba la descomposición y podredumbre en que se había sumido el régimen, una forma de zafarse de la persecución y maltrato de que eran objeto tanto por la izquierda y el sindicalismo, como por la inactividad o hasta el estímulo del Gobierno.
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